Esta imagen del maestro Carlos Tovar (Carlin), nos ayuda a representar la actitud de algunos miembros del gobierno con respecto a los organismo que defienden los derechos humanos y trabajan para reconstruir la memoria.VIOLENCIA, MEMORIA Y MIEDO
Entre 1980 el año 2000, el Perú se sumergió en una terrible guerra interna. La violencia política enfrentó, por un lado, al partido Comunista Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Tupa Amaru (MRTA), y por el otro, a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en su conjunto. Tras declararle la guerra al Estado, el objetivo de los primeros era alcanzar el poder e iniciar una revolución comunista, mientras de los segundos, debió ser mantener el orden y defender a la ciudadanía. Objetivos de ambos bandos, que a la luz de los hechos, fueron un rotundo fracaso.
El escenario de confrontación, de estos dos frentes, se centro principalmente en las zonas rurales del los departamentos de Ayacucho, Apurimac, Huancavelica y Junín; zonas habitadas en gran parte por campesinos indígenas y selváticos; cuyas poblaciones fueron victimas de ambos frentes. A pesar de los esfuerzos realizados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), su informe final; y las diversas investigaciones de especialistas sobre la violencia política, hay mucho por saberse, de lo acontecido en este insulso conflicto.
Ello se debe principalmente, a la violación sistemática de los derechos humanos, por ambos contendores. Así: torturas, aniquilamientos, asesinatos extrajudiciales, desapariciones, violaciones, desplazamientos forzados, y un sin fin de atrocidades cometido por ambos bandos, fueron una cuestión menuda y cotidiana duran los años del conflicto, dejando como saldo la perdida de cientos de vidas humanas inocentes, además, de cuantiosas perdidas materiales, culturales, simbólicas, etc.
Desde la presentación del Informe Final de la CVR, en el año 2003, se apertura un nuevo contexto; surgen “las batallas por la memoria”. Es decir el lugar que deben ocupara el recuerdo y la versión de los diferentes actores de los años de la violencia política. Como en todo conflicto interno, recordar estos abruptos sucesos requiere de un consenso, pero en el Perú no a sucedido ello. Así, mientras las elites políticas y gobernantes han apostado por “la estrategia del olvido”; desde el mundo académico y organismos de defensa de los derechos humanos, intelectuales, familiares y victimas de la violencia han apostado por esclarecer lo sucedido, denunciar y juzgar a los responsables, entre ellos a políticos, militares o civiles.
A pesar de importantes avances en esto último, el debate acerca de la violencia y la memoria, aún sigue vigente. Sobre todo, a raíz de lo acontecido en las zonas del VRAE (Valles del Río Apurimac y Ene), en donde remanentes de Sendero Luminoso aliados con el narcotráfico atacan a las bases policiales y militares causando muertes y anunciando un tiempo que parecía ya concluido. De este mismo modo, el proyecto de crear un Museo de la Memoria con dinero donado por Alemania, cuya propuesta en un primer momento fue rechazada por miembros del gobierno; vuelve a poner nuevamente en la agenda el debate sobre la violencia política y la memoria.
Mis inquietudes y las cuestiones últimas acerca del proyectos de construcción de un Museo de la Memoria son: ¿Por qué ciertos sectores sociales, políticos e intelectuales apuestan por la estrategia del olvido?, ¿Acaso es mejor olvidar tantas atrocidades, por que la verdad en si, pueden ser subversiva? O ¿Hay algún temor a la verdad, por que atenta contra intereses económicos y políticos; de quienes se encuentran en el poder? y ¿Por que tanto miedo a la construcción de un museo de la memoria?, si lo que busca este proyecto es “…convocar a todos los peruanos a mirar, sentir y recordar el horror de la violencia política vivida y de ese modo evitar que algo similar se repita.” (Argumentos, 2009:1).
NOTA: Para una versión actual del debate acerca de la memoria, la violencia, y la propuesta de crear un museo de la memoria revisar: Argumentos. Revista de análisis social del IEP en:
http://www.revistargumentos.org.pe/facipub/upload/publicaciones/1/312/argumentos_setiembre09f.pdf
Entre 1980 el año 2000, el Perú se sumergió en una terrible guerra interna. La violencia política enfrentó, por un lado, al partido Comunista Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Tupa Amaru (MRTA), y por el otro, a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en su conjunto. Tras declararle la guerra al Estado, el objetivo de los primeros era alcanzar el poder e iniciar una revolución comunista, mientras de los segundos, debió ser mantener el orden y defender a la ciudadanía. Objetivos de ambos bandos, que a la luz de los hechos, fueron un rotundo fracaso.
El escenario de confrontación, de estos dos frentes, se centro principalmente en las zonas rurales del los departamentos de Ayacucho, Apurimac, Huancavelica y Junín; zonas habitadas en gran parte por campesinos indígenas y selváticos; cuyas poblaciones fueron victimas de ambos frentes. A pesar de los esfuerzos realizados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), su informe final; y las diversas investigaciones de especialistas sobre la violencia política, hay mucho por saberse, de lo acontecido en este insulso conflicto.
Ello se debe principalmente, a la violación sistemática de los derechos humanos, por ambos contendores. Así: torturas, aniquilamientos, asesinatos extrajudiciales, desapariciones, violaciones, desplazamientos forzados, y un sin fin de atrocidades cometido por ambos bandos, fueron una cuestión menuda y cotidiana duran los años del conflicto, dejando como saldo la perdida de cientos de vidas humanas inocentes, además, de cuantiosas perdidas materiales, culturales, simbólicas, etc.
Desde la presentación del Informe Final de la CVR, en el año 2003, se apertura un nuevo contexto; surgen “las batallas por la memoria”. Es decir el lugar que deben ocupara el recuerdo y la versión de los diferentes actores de los años de la violencia política. Como en todo conflicto interno, recordar estos abruptos sucesos requiere de un consenso, pero en el Perú no a sucedido ello. Así, mientras las elites políticas y gobernantes han apostado por “la estrategia del olvido”; desde el mundo académico y organismos de defensa de los derechos humanos, intelectuales, familiares y victimas de la violencia han apostado por esclarecer lo sucedido, denunciar y juzgar a los responsables, entre ellos a políticos, militares o civiles.
A pesar de importantes avances en esto último, el debate acerca de la violencia y la memoria, aún sigue vigente. Sobre todo, a raíz de lo acontecido en las zonas del VRAE (Valles del Río Apurimac y Ene), en donde remanentes de Sendero Luminoso aliados con el narcotráfico atacan a las bases policiales y militares causando muertes y anunciando un tiempo que parecía ya concluido. De este mismo modo, el proyecto de crear un Museo de la Memoria con dinero donado por Alemania, cuya propuesta en un primer momento fue rechazada por miembros del gobierno; vuelve a poner nuevamente en la agenda el debate sobre la violencia política y la memoria.
Mis inquietudes y las cuestiones últimas acerca del proyectos de construcción de un Museo de la Memoria son: ¿Por qué ciertos sectores sociales, políticos e intelectuales apuestan por la estrategia del olvido?, ¿Acaso es mejor olvidar tantas atrocidades, por que la verdad en si, pueden ser subversiva? O ¿Hay algún temor a la verdad, por que atenta contra intereses económicos y políticos; de quienes se encuentran en el poder? y ¿Por que tanto miedo a la construcción de un museo de la memoria?, si lo que busca este proyecto es “…convocar a todos los peruanos a mirar, sentir y recordar el horror de la violencia política vivida y de ese modo evitar que algo similar se repita.” (Argumentos, 2009:1).
NOTA: Para una versión actual del debate acerca de la memoria, la violencia, y la propuesta de crear un museo de la memoria revisar: Argumentos. Revista de análisis social del IEP en:
http://www.revistargumentos.org.pe/facipub/upload/publicaciones/1/312/argumentos_setiembre09f.pdf
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